Asval rechaza el proyecto de ley para el control de los precios del alquiler en Cataluña

La Asociación de Propietarios de Viviendas en alquiler (Asval) ha manifestado su rechazo al proyecto de ley para regular y controlar el precio del alquiler que está previsto que se vote próximamente en el Parlamento catalán. Asval considera que esta regulación vulnera la Constitución, atenta contra el derecho a la propiedad privada y fomenta la economía sumergida.

Con anterioridad, el Consejo de Garantías Estatutarias, institución encargada de velar que las leyes del Parlamento y del Gobierno de Cataluña se adecúan al Estatuto y a la Constitución, había dictaminado que algunos artículos del proyecto incumplen la Carta Magna y el Estatuto. Además, ha asegurado que la Generalitat no tiene competencias para regular los precios del alquiler porque es una tarea que compete al Estado.

Por su parte, la patronal catalana Foment del Treball también ha manifestado su rechazo a este proyecto de ley por inconstitucional y contraria al Estatuto. Además, apunta que hundirá a medio plazo el mercado del alquiler. 

Consecuencias del controlar los precios del alquiler 

Según apunta Asval en un comunicado, una de las principales consecuencias que podría tener el control de precios del alquiler es incentivar la economía sumergida: muchos propietarios podrían compensar ilegalmente -con dinero negro- la diferencia entre el precio regulado y el de mercado. Esto tendría efectos en los inquilinos, en la economía catalana -porque se verían afectados sus ingresos fiscales- y en la mayoría de los propietarios que actúen conforme a la ley. 

Además, la inseguridad jurídica que podría generar este control de precios podría tener también efectos en el mercado, ya que ahuyentaría la inversión necesaria para profesionalizar el sector del alquiler puesto que los inversores se trasladarían a otras comunidades autónomas con los precios no regulados. 

Otra consecuencia del control de precios a medio y largo plazo es la reducción de la oferta de viviendas en alquiler, lo que dificultará el acceso a una vivienda arrendada. Los colectivos más vulnerables, las rentas más bajas y los jóvenes serán quienes más sufran estos efectos, ya que en un mercado con falta de oferta, los propietarios tenderán a favorecer a los inquilinos más solventes. Por tanto, las familias que tengan menos ingresos tendrán más problemas para encontrar una casa en alquiler teniendo en cuenta que la oferta en Cataluña es menor que la demanda. 

Por otro lado, Asval pide a los diferentes partidos políticos que reflexionen sobre los efectos negativos de esta propuesta y retiren el proyecto que se debatirá esta semana en el Parlamento catalán. El proyecto ha sido impulsado por el Sindicato de inquilinos de Cataluña y presentado por Junts per Catalunya, ERC, Común Podem y la CUP.

En el caso de que finalmente se aprueba la ley en Cataluña, la Asociación de Propietarios de Viviendas en alquiler solicitará al Gobierno y a los partidos políticos que impulsen un recurso de casación ante el Tribunal Constitucional. “Consideramos que la mejor alternativa a este tipo de regulaciones pasa por aumentar la oferta de vivienda alquiler, especialmente asequible y social, reforzar la seguridad jurídica y favorecer la colaboración público-privada”, asegura Beatriz Toribio, directora general de Asval. 

Medidas para incentivar el mercado del alquiler 

Frente al control de precios, Asval propone estas medidas para incentivar la oferta de vivienda en arrendamiento. 

• Desarrollar un parque de vivienda en alquiler a precios por debajo de mercado para las rentas más bajas y los jóvenes. 
• Fomentar la colaboración público-privada para desarrollar un parque de vivienda asequible. En España, el stock de viviendas sociales es de solo el 1,5%, frente al 15% de media en la Unión Europea. 
• Reforzar un marco regulatorio estable que genere seguridad jurídica para el desarrollo del sector. 

Distintas instituciones como el Banco de España y FEDEA también han señalado los efectos negativos de la congelación de precios y la necesidad de potenciar un marco regulatorio estable, conforme a la oferta y la demanda, y que genere seguridad jurídica para propietarios e inquilinos.