Una de las medidas que recoge la ley de vivienda, pactada entre PSOE y Unidas Podemos, establece la reserva del 30% de la obra nueva para destinarla a vivienda protegida. El objetivo es ampliar el parque de vivienda asequible tanto en compra como en alquiler, pero los promotores creen que esta medida no va a conseguir este objetivo. Todavía se desconoce cómo será la medida definitiva porque se tiene que iniciar la tramitación de la ley en las próximas semanas, para lo que todavía no hay fecha, pero los promotores han mostrado su desacuerdo. En Barcelona está vigente esta medida desde 2019 La reserva del 30% de la obra nueva a vivienda protegida ya está vigente en la ciudad de Barcelona desde 2019 y los resultados son cuestionados en el mercado. La consecuencia más inmediata ha sido el desplazamiento de las inversiones a otros municipios del área de Barcelona y a otras ciudades como Madrid. La medida que establece la reserva del 30% de las nuevas viviendas y grandes rehabilitaciones en parcelas de más de 600 metros cuadrados a vivienda protegida fue aprobada por el ayuntamiento de Barcelona a finales de 2018. Desde el principio los promotores cuestionaron la medida porque reconocían que podía limitar la inversión de obra nueva en Barcelona. Los datos del primer semestre ya recogían un descenso del 55% en el número de licencias, mientras que la actividad constructora de viviendas se había reducido un 10% el primer año, según un informe de CBRE. Dos años después de la entrada en vigor de esta medida impulsada por el ayuntamiento de Ada Colau la consecuencia es que las inversiones inmobiliarias se han desplazado a otras poblaciones del área metropolitana. El presidente de la Asociación de Promotores de Cataluña (APCE), Xavier Vilajoana, reconocía que no se había conseguido el objetivo que se pretendía con esta medida, aumentar el parque de vivienda asequible. Además, muchas inversiones se han desplazado hacia otras ciudades del área metropolitana, principalmente L`Hospitalet de Llobregat, junto con Sant Just Desvern, Molins de Rei o Montcada i Reixac en Barcelona y también a Madrid. Muchas promotoras catalanas que han centrado su actividad en la ciudad, después de la entrada en vigor de esta norma han comenzado a invertir en otras ciudades, a pesar de que existe una gran demanda de obra nueva en Barcelona. El ayuntamiento de Barcelona, sin embargo, afirma que no se ha parado de construir vivienda en la ciudad en estos años. En 2017 se concedieron 1.823 licencias para viviendas libres, en 2018 unas 2.516 y en 2020 se superaron las 2.100. El balance que el consistorio hace de estos dos años es que se han tramitado 80 expedientes que incluyen 1.299 viviendas, de los que 57 están exentos de aplicar la reserva del 30% a vivienda protegida. El resto, 23, incluyen más de 300 viviendas de las que 120 serán protección. Los promotores cuestionan esta medida Ahora el anuncio de aprobar esta medida a nivel nacional a través de la ley de vivienda ha provocado la reacción del sector promotor. Los promotores creen que se pueden paralizar muchos proyectos y que el descenso en la oferta causará un encarecimiento del precio de la vivienda. Desde Asprima opinan que esta medida "producirá una reducción de la inversión y provocará un claro efecto expulsión de la inversión tanto nacional como extranjera, desplazándose a otras comunidades autónomas en función de si aplican o no esta norma", según un comunicado recogido en la prensa. No hay que olvidar que las comunidades autónomas tienen transferidas las competencias de vivienda, por lo que tienen libertad para aplicar o no la ley de vivienda. La experiencia de Barcelona constata esta situación. Una encuesta de la Asociación de promotores y constructores de Cataluña realizada entre sus socios señalaba que el 55,3% había parado las inversiones allí; un 31,6% las había reducido y un 13,1% había invertido en otro lugar. Los promotores reconocen que obligar a reservar el 30% de las promociones de obra nueva para vivienda protegida supone traspasar la responsabilidad de crear un parque público de vivienda al sector privado, en lugar de hacerlo en colaboración con la Administración. La consecuencia más inmediata será la caída de las nuevas licencias de obra nueva.
