El retraso que sufre la concesión de licencias de obra nueva y de primera ocupación en España tiene un importante coste económico tanto para los compradores como para los ayuntamientos. Son las conclusiones del informe ‘Licencias urbanísticas: El tributo invisible’, elaborado por la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (Asprima) junto con EY Abogados. No te pierdas: Consejos de expertos para comprar una casa nueva De acuerdo con el estudio, estos retrasos hacen que los pisos de de obra nueva se encarezcan de media 12.802 euros. El informe, que analiza la tardanza en la concesión de licencias urbanísticas y sus costes en los municipios de la Comunidad de Madrid que registran mayores retrasos (Madrid capital, Majadahonda, Las Rozas, San Sebastián de los Reyes y Pozuelo de Alarcón) y en los del resto de España que tienen mayor actividad promotora (Barcelona, Málaga, Palma de Mallorca, Valencia y Zaragoza), estima que el tiempo medio que tardan en otorgarse las licencias de obra nueva en España es de 12 meses, a pesar de que la legislación recomienda un plazo máximo de tres meses para obras mayores y un mes para menores. Respecto a la licencia de primera ocupación, la dilación media en España es de tres meses. Los compradores de obra nueva, los más afectados por estos retrasos Según Asprima, los compradores de un piso de obra nueva son los más afectados por estos retrasos administrativos. Así, partiendo del precio medio de la vivienda publicado por el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, así como de los 12 meses de media para la concesión de las licencias, el informe refleja que el mayor sobrecoste de toda España lo sufren los compradores de vivienda nueva en Majadahonda que, con un retraso medio de 16 meses (con su específico coste financiero provocado por la ampliación del crédito durante dicho periodo), alcanza de media los 39.003 euros. Este importe supone un 10,6% del precio total de venta de los inmuebles, incluyendo los costes derivados de la ampliación del alquiler del comprador. Pozuelo de Alarcón ocupa la segunda posición, con una demora de 14 meses y un coste adicional para el comprador de 35.052 euros (un 8,83% del precio final). Le sigue Madrid capital, con una dilación de 12 meses y un coste de 28.606 euros (6,56% sobre precio final). Las Rozas se posiciona como el cuarto municipio que más penaliza al comprador, con una demora de 14 meses y un coste adicional de 27.919 euros (8,44%). Barcelona suma 12 meses de retraso y una revalorización de 26.145 euros (5,76%). Le siguen en esta clasificación San Sebastián de los Reyes (14 meses y 24.038 euros -7,52%-), Palma de Mallorca (12 meses y 18.111 euros -5,54%-), Valencia (12 meses y 9.679 euros -4,37%-) y Zaragoza (12 meses y 8.005 euros -3,33%-). El municipio menos afectado del análisis es Málaga, con una dilación de ocho meses y un sobrecoste de 7.272 euros (3,11%). Además de asumir estos sobreprecios motivados por el retraso en la concesión de las licencias, los compradores tienen que prolongan la estancia en su anterior domicilio, otro gasto adicional en términos de arrendamiento, intereses devengados por las hipotecas asociadas a las antiguas viviendas o de retraso en la transmisión de dicho inmueble. Juan Antonio Gómez-Pintado, presidente de Asprima, ha señalado que “Con este informe queremos sacar a la luz los costes que conllevan, tanto para el promotor como para el consumidor final, los retrasos en la concesión de licencias. Es inasumible que el comprador de una vivienda pueda llegar a tener un sobrecoste del 10% del precio como ocurre en algunas localizaciones, lo cual representa más de 39.000 euros, a causa de estos retrasos. La Administración debe agilizar la tramitación dotando de recursos a sus propios departamentos, externalizado la gestión de algunos procedimientos y digitalizando procesos”. La recaudación municipal también se ve afectada Los ciudadanos no son los únicos perjudicados por esta tardanza en la concesión de licencias urbanísticas. Los ayuntamientos también sufren los efectos en sus arcas al dejar de ingresar la recaudación del IBI urbano correspondiente a los propietarios de las nuevas viviendas durante ese periodo de retraso. El informe cuantifica el impacto recaudatorio en un descenso de ingresos de 10.012.117 euros para el Ayuntamiento de Madrid; 4.230.500 euros para el de Barcelona y 1.506.314 euros para el de Valencia. Lo mismo ocurre con otros tributos que acompañan la titularidad de una vivienda, como la Tasa de Vados o el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO). Según Asprima, este retraso también puede tener un efecto directo en la incidencia del sector de la construcción en la economía, ya que a cierre de 2019 aportaba el 10% del PIB en términos de demanda y empleaba a más de 1.284.000 personas.
