Cuatro meses. Ese es el plazo que se han marcado PSOE y Unidas Podemos para llevar al Congreso la nueva Ley de Vivienda que regulará el precio de los alquileres en las llamadas zonas de mercado tensionadas. Y tensión es lo que han tenido los dos socios de Gobierno para llegar a un acuerdo sobre el borrador de los Presupuestos Generales del Estado 2021. Los de Pablo Iglesias ponían dos condiciones al PSOE para dar el ‘sí quiero’ a las cuentas del próximo año: la citada regulación del alquiler y algunas mejoras en el Ingreso Mínimo Vital (IMV). Finalmente, y aunque en principio Iglesias quería que la regulación del mercado de alquiler entrara ya en vigor, la medida será incluida en la futura Ley de Vivienda. El pacto entre los dos partidos establece que la medida de control de los precios de alquiler llegará al Consejo de Ministros y al Congreso de los Diputados antes de tres y cuatro meses, respectivamente. La nueva ley establecerá las rentas máximas que los propietarios de inmuebles podrán fijar en las denominadas zonas tensionadas. Estas zonas se establecerán en función del Índice de referencia de precios de alquiler presentado el pasado verano por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Esta no será la primera regulación de este tipo fijada en España, ya que hace unas semanas ya entró en vigor la limitación del precio de alquiler en Cataluña. Un acuerdo con “el mayor grado de intervención pública” A raíz de este acuerdo, el vicepresidente segundo del Gobierno ha destacado orgulloso que esta Ley de Vivienda tendrá “el mayor grado de intervención pública en el mercado del alquiler en Europa". Por su parte, Facua-Consumidores en Acción ha valorado positivamente esta regulación de los precios del alquiler. La asociación valora que el Gobierno “pueda incluir medidas de control en la nueva ley para frenar la especulación y facilitar el cumplimiento del mandato constitucional de garantizar el acceso a la vivienda”. Asimismo, Facua considera fundamental que la nueva ley corrija la actual situación que se da en el mercado de la vivienda, “que ha transformado un bien esencial en un mero objeto de especulación económica y que, por tanto, acabe con el alto coste de los alquileres que actualmente existe en muchas ciudades españolas y que termina expulsando a una parte de la ciudadanía de numerosas zonas que tradicionalmente han sido residenciales”. Críticas por parte del sector Menos satisfechos con la futura regulación de los precios de alquiler se han mostrado la mayoría de los agentes del sector, que consideran que esta medida logrará el efecto contrario, reduciendo la oferta de inmuebles, incrementando su precio e incluso dando lugar a la aparición de un mercado negro de arrendamiento. En estos términos se expresa la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (ASVAL). Su directora general, Beatriz Toribio, estima que el acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos “supone una mala noticia para el mercado. Este tipo de regulación conseguirá un efecto opuesto al deseado: reducirá la oferta de vivienda en alquiler y dificultará el acceso a la vivienda para los colectivos sociales con menos recursos, más si cabe en el actual contexto de crisis económica. Ya se están observando caídas de precios en el mercado, por lo que carece de sentido regular ahora”. La asociación añade que la próxima Ley de Vivienda no solucionará el problema estructural que sufre el sector en España: la falta de oferta de vivienda en alquiler, sobre todo social y a precio asequible. Además, añade que “supone un golpe a la seguridad jurídica de los operadores del mercado, la amplia mayoría de ellos familias, que afectará a las inversiones futuras en el parque de vivienda”. Toribio apunta que “el acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos extiende la regulación de precios a los contratos ya existentes, lo que supone incrementar aún más la inseguridad jurídica existente en el mercado”. Además, puntualiza que el Banco de España, el FMI y un amplio grupo de economistas y académicos han advertido sobre el efecto pernicioso sobre la oferta y los precios de este tipo de medidas de control de rentas, que generan los efectos contrarios a los deseados: menor disponibilidad de vivienda en el mercado, subidas de precios, menor inversión en el mantenimiento de las viviendas y creación de economías sumergida en torno al alquiler. En lugar de este tipo de herramientas de control, ASVAL considera que son necesarias “medidas más ambiciosas y de carácter estructural para solventar los problemas del mercado del alquiler”. Entre ellas, establecer un paquete de ayudas directas de más de 700 millones de euros para reducir la tasa de esfuerzo en el pago del alquiler de los colectivos con menores ingresos. “Al mismo tiempo, la Administración debe liderar el desarrollo de un parque público de vivienda en alquiler en colaboración con el sector privado, así como garantizar la seguridad jurídica que haga atractivo nuestro mercado del alquiler para aquellos operadores que están interesados en participar en él”, concluye ASVAL.
