La Ley de Dependencia (ley 39/2006) garantiza los recursos y servicios para la atención a la dependencia. Hasta su aprobación en 2006, las personas con dependencia tenían una atención desigual en las diferentes comunidades autónomas. La ley establece los servicios cubiertos y las ayudas destinadas a la atención y protección de personas dependientes. Imagen Freepik ¿Qué es la dependencia? El artículo 2 de la ley define la dependencia como “el estado de carácter permanente en que se encuentran las personas que, por razones derivadas de la edad, la enfermedad o la discapacidad, y ligadas a la falta o a la pérdida de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, precisan de la atención de otra u otras personas o ayudas importantes para realizar actividades básicas de la vida diaria o, en el caso de las personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental, de otros apoyos para su autonomía personal”. ¿Qué novedad aporta la ley de dependencia? La ley plantea el derecho de todos los ciudadanos a acceder a la atención de la dependencia en condiciones de igualdad. Su objetivo es aplicar políticas de protección eficaces que garantizan la satisfacción de derechos en igualdad de condiciones. Además, la ley ampara tanto a las personas dependientes como a sus familiares y cuidadores. La novedad que aporta la ley es la creación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), que es un conjunto de servicios y prestaciones económicas destinadas a la atención y protección de las personas dependientes. Este sistema está concebido como “cauce para la acción coordinada y cooperativa de la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas”. Esto significa que corresponde a las comunidades autónomas la aplicación de la ley. Para acceder a las ayudas y servicios previstos en la ley es necesario tener reconocido un grado de dependencia. El grado de dependencia se determina mediante una evaluación que realizan profesionales de servicios sociales, y como consecuencia de esta evaluación se asignan los recursos correspondientes. ¿Cómo se valora la dependencia? La Ley de Dependencia establece unos grados oficiales de gravedad para valorar la dependencia de las personas. El artículo 26 recoge los grados de dependencia: Grado I dependencia moderada: la persona necesita ayuda para realizar actividades básicas de la vida diaria, al menos una vez al día. Grado II dependencia severa: la persona necesita de esa ayuda entre dos o tres veces al día. Grado III gran dependencia: la persona necesita ayuda varias veces al día, por su pérdida total de autonomía física, mental, intelectual o sensorial. A partir de esta gradación de la dependencia, es la comunidad autónoma la que valora la situación de dependencia de las personas. En esa valoración se tienen en cuenta los informes médicos sobre el estado de salud de la persona y el entorno donde vive para saber cuáles son los recursos que necesita. Una vez hecha la evaluación se diseña el Plan Individual de Atención (PIA), en el que se detallan los servicios y/o prestaciones a las que la persona tiene derecho según su grado de dependencia. Este grado es revisable lo que significa que puede cambiar por una mejoría o empeoramiento del estado de la persona o por un error en el baremo aplicado. ¿Qué derechos reconoce la ley a las personas dependientes? En el artículo 4 de la Ley de Dependencia se recogen también los derechos y obligaciones que tienen las personas dependientes. Entre los derechos reconocidos destaca: Acceder a los servicios previstos en la Ley de Dependencia en condiciones de igualdad y a las prestaciones económicas previstas. Recibir información completa y de manera continuada en el tiempo relacionada con su dependencia. Ser advertido de si los procedimientos que se le aplican pueden ser utilizados en una investigación. Es necesaria la previa autorización, expresa y por escrito, de la persona dependiente o de sus representantes. A la confidencialidad en la recogida y el tratamiento de sus datos personales. Participar en la formulación y aplicación de políticas que afecten a su propio bienestar. Decidir sobre la tutela de su persona y bienes. Decidir libremente sobre su ingreso en un centro residencial. ¿Qué obligaciones tienen las personas dependientes? En lo que se refiere a las obligaciones de las personas dependientes la ley señala las siguientes: Suministrar toda la información y datos que pidan las administraciones competentes para la valoración de su grado de dependencia. Comunicar todo tipo de ayudas personalizadas que reciban. Destinar las prestaciones económicas a las finalidades para las que fueron otorgadas. ¿Qué servicios incluye la ley de dependencia? La Ley de dependencia diferencia 5 tipos de servicios: Servicios de prevención de las situaciones de dependencia y promoción de la autonomía personal. Su principal finalidad es prevenir la aparición o el agravamiento del grado de dependencia de las personas, mediante programas de atención psicosocial y servicios de carácter preventivo y de rehabilitación. Servicios de teleasistencia. Permite que las personas dependientes puedan permanecer en su propia vivienda con atención directa y personalizada ante situaciones de emergencia, inseguridad o soledad a través de dispositivos que conectan el domicilio con el servicio. Servicios de ayuda a domicilio. Incluye desde cuidados del hogar, cuidados personales para ayudar en las actividades básicas diarias, limpieza del hogar o alimentación. Servicios de centro de día y de noche. Su objetivo es favorecer la continuidad de las personas con niveles moderados de dependencia en su domicilio. Incluye los centros para mayores, menores de 65 años y de atención especializada. Servicios de residencia a tiempo completo. ¿Cuáles son las prestaciones económicas previstas en la ley? Las prestaciones económicas que prevé la Ley de Dependencia se establecen en función de la capacidad económica de la persona dependiente, por lo que no se trata de una cantidad concreta. Algunas de las prestaciones económicas de la Ley de Dependencia, son: Prestación económica vinculada al servicio: Cuando no es posible el acceso al servicio público o concertado y se necesite uno privado y se establece en función del grado de dependencia y de la capacidad económica del beneficiario. Ayuda para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales: Esta ayuda está destinada a la persona dependiente que es atendida por su entorno familiar. Se concede en los casos en los que el cuidador de la persona dependiente es un familiar (hasta de tercer grado) y está desempeñando estas labores desde un año antes de la solicitud. Ayudas para la contratación de personal cuidador profesional: Su finalidad es la promoción de la autonomía de las personas en situación de dependencia de cualquier grado con la contratación de un asistente profesional. Se contemplan ayudas específicas para contar con un número de horas concretas de asistencia personal, siempre y cuando este cuidador profesional esté dado de alta en la Seguridad Social. Desde la aprobación en 2006, la ley se ha modificado en varias ocasiones. En 2023 se realizó la última modificación relativa a las prestaciones que sufrieron un incremento importante y también se intensificó la ayuda a domicilio ampliando el número de horas en todos los grados de dependencia.
