La normativa que regula las residencias de ancianos comprende normas estatales y autonómicas, porque los servicios sociales son una competencia transferida a las comunidades autónomas. La nueva normativa sobre residencias de ancianos a nivel estatal establece los criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). Este nuevo modelo de residencia, conocido como Acuerdo Belarra, aprobado en 2022, ha introducido cambios en los criterios de acreditación y calidad de las residencias. Estos cambios tienen un plazo de implantación hasta 2030. Imagen freepik En este acuerdo se plantea, asimismo, impulsar la teleasistencia y la atención a domicilio de los mayores para que puedan permanecer más tiempo en sus hogares. Respecto a los centros de día, se aconseja que tienen que estar cerca de la residencia habitual del mayor. ¿Qué incluye esta nueva normativa sobre residencias de ancianos? El objetivo de la nueva normativa es cambiar el modelo de residencia, apostando por un trato más personalizado y digno de los residentes. Se trata de acabar con el concepto de asilo con el que se identificaba a las residencias para ser consideradas ahora como hogares. Este nuevo modelo incluye los siguientes cambios: Unidades de convivencia Las residencias deben tener un carácter más hogareño por eso se tienen que organizar en unidades de convivencia con un máximo de 15 personas que compartirán un espacio común que incluye una zona para la preparación de comidas, comedor y sala de estar. Estos espacios comunes pueden ser utilizados por los residentes y sus familiares y allegados. También se aconseja que estas unidades dispongan de acceso a una zona exterior como jardín o terraza. La idea es que estos espacios se asemejen a un hogar en cuanto a su decoración y mobiliario y en las rutinas y horarios de las personas que vivan en cada unidad. Esta misma distribución se implantará en el 80% en los centros que ya están creados. Límite de plazas Las nuevas residencias que se construyan no pueden ser muy grandes porque se ha reducido el número de plazas máximo que se fija en relación con la densidad de población. Las residencias situadas en zonas urbanas de alta densidad no podrán superar el límite máximo de 120 residentes; en las zonas consideradas de densidad intermedia, el límite se ha fijado en 90 plazas. Por último, en las zonas rurales o que estén escasamente pobladas es donde el número de residentes es menor, 75 plazas máximo. Con estos límites de plazas se acaba con el modelo de macro residencias que ha existido anteriormente en los que se superan las 150 plazas. Habitaciones Las habitaciones es otro de los puntos que ha sido modificado en la nueva normativa de residencias de mayores fijando un porcentaje mínimo de habitaciones de uso individual. Los centros de nueva construcción deben tener un 65% de las habitaciones individuales, y en los centros ya existentes deben adaptar un porcentaje mínimo según la zona. Las residencias tendrán un 10% de las plazas de habitaciones de uso individual cuando el centro esté ubicado en zona rural o zona escasamente poblada. Este porcentaje se elevará hasta el 20% cuando el centro esté ubicado en localidades o zonas de densidad intermedia y hasta el 25% cuando esté ubicado en ciudades o zonas densamente pobladas. Además, las habitaciones tendrán acceso a baños adaptados. Personal Garantizar un número suficiente de personal cualificado en proporción al número de residentes, lo que se conoce como ratio de personal, es un aspecto clave en las residencias de mayores. En la nueva normativa estatal se ha modificado la ratio de personal de atención primera en las residencias de ancianos a 0,51, es decir, un profesional por cada dos residentes. El personal de las residencias incluye enfermería, auxiliares, terapeutas ocupacionales, psicólogos y trabajadores sociales. Imagen Freepik También se han fijado nuevas exigencias en cuanto a la preparación del personal que trabaja en la atención y cuidado de los residentes. Por ejemplo, los directores de las residencias deben tener una titulación universitaria y formación especializada. Para los directores que ya están ejerciendo sin tener esta titulación académica se exige que acrediten cinco años de experiencia en el sector. Atención personalizada Cada residente debe tener un plan de atención individualizado donde se recojan sus necesidades y preferencias sobre cómo quiere vivir. Este documento puede incluir el testamento vital o instrucciones sobre la atención que quiere recibir al llegar al final de su vida. Además, la familia o personas allegadas pueden participar en los cuidados del mayor y comunicarse con el profesional de referencia para estar informado sobre el estado de la persona mayor. Los ancianos ingresados en las residencias tienen derecho a recibir una atención libre de sujeciones físicas, químicas, mecánicas o farmacológicas. Las residencias tienen que comprometerse formalmente a no usarlas antes de 3 años. Las sujeciones solo pueden usarse con carácter excepcional y temporal, supervisados por el médico, con consentimiento informado. Coordinación sociosanitaria Será obligatoria la presencia de un profesional de enlace en residencias de más de 30 plazas para coordinar los cuidados entre el sistema sanitario y los servicios sociales. El Sistema Nacional de Salud debe garantizar el mismo acceso a la salud que al resto de la población a las personas mayores y dependientes que viven en residencias. Este acuerdo recoge los criterios mínimos que deben cumplir las residencias de ancianos para conseguir la acreditación, pero las comunidades autónomas pueden ampliarlos o mejorarlos en sus ámbitos territoriales. Pautas sobre la calidad de las residencias de ancianos Imagen Freepik El Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) también ha establecido una serie de recomendaciones sobre las condiciones que deben cumplir las residencias de ancianos para garantizar una atención digna y adecuada. Estas directrices no tienen carácter vinculante en las comunidades autónomas, pero sirven de guía para diseñar las normativas autonómicas. Condiciones físicas y estructurales de las residencias. Los centros de mayores deben tener instalaciones seguras, cumpliendo las normativas de seguridad y prevención de riesgos, y accesibles dotadas de rampas, ascensores, pasillos anchos… En cuanto a las habitaciones recomienda que sean individuales y con baños adaptados a las necesidades de los mayores. Atención integral y personalizada. Aconseja la elaboración de un plan de atención individualizado que refleje las necesidades especificas de cada residente en función de su situación física y emocional. También promueve que las personas mayores mantengan su autonomía personal y su participación en la toma de decisiones relativas a su vida diaria en la residencia. Personal y ratios de atención. El personal de las residencias debe estar adecuadamente formado para proporcionar cuidados a las personas mayores, especialmente en casos de demencia, discapacidad física o problemas de salud crónicos. El Imserso recomienda la realización de programas de formación continua para el personal de las residencias. Asimismo, aconseja sobre la ratio de personal en función del nivel de dependencia de los residentes. Programas de actividades y servicios. Se recomienda la realización de programas de actividades que fomenten la participación de los mayores, tano recreativas como culturales, físicas o de estimulación cognitiva. En el caso de los residentes con limitaciones físicas se plantea la necesidad de ofrecer servicios de rehabilitación y fisioterapia para mejorar su movilidad y calidad de vida. Derechos de los residentes. Las residencias deben respetar los derechos de los residentes relativos a la autonomía personal, la privacidad y la toma de decisiones. También se debe implicar a las familias en el cuidado y bienestar de los mayores favoreciendo el contacto con sus familiares. Control de calidad y supervisión. Las residencias deben contar con sistemas de evaluación interna y externa para asegurar la calidad de los servicios: auditorías internas y encuestas de satisfacción a residentes y familiares. Además, deben estar sujetas a inspecciones periódicas para garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad. Gestión transparente y eficiente: Los residentes y sus familiares deben tener acceso a la información relevante sobre el funcionamiento del centro, los servicios ofrecidos y su coste. Por otro lado, las residencias deben implementar sistemas de quejas y sugerencias que permitan a los residentes y sus familiares expresar su opinión sobre los servicios. El nuevo modelo de residencia promueve la creación de residencias de mayores más acogedoras, centrándose en la atención personalizada del mayor y fomentando su autonomía. Esta normativa establece el marco general, pero las comunidades autónomas que tienen la competencia establecen sus propios criterios y normas. En las normativas autonómicas se respetan los límites fijados en la normativa general o se mejoran, teniendo en cuenta también las recomendaciones del Imserso.